martes, 10 de junio de 2008

El derecho a la huelga y la ley de la selva

El caos de ayer en Madrid, con bloqueo de las principales salidas por autopista y una avalancha de coches en las estaciones de servicio para asegurarse tener los depósitos llenos ante la incertidumbre de las consecuencias de esta huelga para el abastecimiento con productos básicos, ha sido nuevamente una demostración de lo que no debe ser una huelga y de qué envergadura es la imprevisión que los gobiernos en general y los gobiernos de izquierda en particular suelen dejar patente ante situaciones de este tipo.

E
s curioso que el derecho de huelga no ha sido desarrollado por legislación específica prevista desde hace treinta años en la Constitución Española. Ningún gobierno, ni siquiera los llamados gobiernos progresistas socialistas sufridos en este país entre 1982 y 1996 y desde 2004, se han visto en la necesidad de regular en detalle los derechos y deberes de los huelguistas y de los afectados por sus acciones.


E
specialmente con huelgas de este tipo, que son idóneas para paralizar a un país entero o al menos para perturbar seriamente el funcionamiento de servicios básicos, se vulnera de forma frapante el derecho de los ciudadanos de disfrutar de sus libertades. Entre otros, es un derecho de cualquier ciudadano el moverse libremente por el país y no encontrarse secuestrado por huelgistas que bloquean las principales arterias de una ciudad. Con acciones de los piquetes como las de impedir la libre circulación por las vías públicas se comete realmente un delito contra las libertades ciudadanas.


U
n derecho de huelga no puede suponer hacer sufrir a toda la población las consecuencias de los paros que los huelgistas deciden llevar a cabo en su actividad laboral. No se pueden convertir en una coacción a los ciudadanos que nada pueden hacer al respecto de las reivindicaciones de los huelguistas, por muy comprensibles que sean.


D
esde siempre se ha visto que coaccionar a los ciudadanos impidiéndoles su libre circulación y que acudan a sus puestos de trabajo en condiciones normales sin perder en ello varias horas al día, unido a los elevados costes que la pérdida de horas de trabajo y de ventas por falta de abastecimiento con y la entrega puntual de mercancías, nunca ha servido de nada. La idea es que con causar el disgusto a los ciudadanos se puede conseguir hacer presión sobre el gobierno, pero en la práctica los gobiernos no se inmutan apenas ante tales acciones.


P
or otra parte, el desgaste del gobierno tampoco parece ser muy elevado, dada la inoperancia de la oposición que se supone debería ejercer el PP. Es más, para el gobierno de Z no hay crisis y que no hay razones para el desánimo.


L
a izquierda habla siempre de querer modificar la Constitución, pero la realidad es que ni siquiera desarrolla debidamente la actual. Es hora que después de treinta años se regule el derecho de huelga para que no se convierta en la ley de la selva y una especie de terrorismo callejero que queda totalmente impune por no poner remedio el gobierno a las acciones a todas luces ilegales de los huelguistas.


T
enemos un gobierno que llegó al poder sin programa y que demuestra cada día que sigue sin tener ningún programa. Es un gobierno incapaz de enfrentarse a la realidad, mientras que dedica toda su energía a temas que son de índole puramente ideológica y que no resuelven el día a día de los ciudadanos. El mejor ejemplo es la flamante ministra de igualdaZ.


L
o peor de todo ello es que ante los ojos de los países miembros y miembras de la Unión Europea España quedará como un descerebrado que a este ritmo se quedará en una celda de aislamiento. Aún peor es que carecemos, en estos momentos, de alternativa de gobierno. Los miembros y las miembras del PP tienen bastante consigo mismos.

1 comentario:

Miguel Pazos dijo...

Es como dijo FJL hoy, mientras no exista una ley de huelgas nada.

Un saludo