viernes, 9 de octubre de 2009

Por la reforma urgente del sistema electoral

Corrupción cada vez más generalizada. Listas electorales confeccionadas a dedo. Entramados empresariales relacionados con altos cargos políticos de la administración.


Las noticias no cesan, sino van en aumento. Gürtel, nombre elegido erróneamente por el superjuez Garzón para establecer una relación terminológica con el apellido del capo de la trama, Correa, que en realidad sería Riemen, Schnur o Seil, mientras que Gürtel significa cinturón. Correa es ya sinónimo de las corruptelas que existen en el seno del Partido Popular. Además, sería mucho más acertado hablar de Seilschaften, que igual que Seilwerk (conjunto de cuerdas o correas) describe en lo político precisamente lo que presenciamos aquí: Entramados de políticos y empresarios corruptos que usan sus posiciones y contactos en beneficio propio y -tal vez- en beneficio del mismo partido al que dicen servir, con la connivencia de la dirección nacional del partido. La incapacidad de Rajoy para poner coto a estos entramados de corrupción es lo que más llama la atención. En lugar de deshacerse de inmediato de aquellos que no sólo han sido imputados, sino que han dado muestras de no ser trigo limpio, la plana mayor del PP sigue empeñada en mantenerlos en sus puestos mientras sea posible, como si en un partido de este tamaño no hubiera gente válida para ocupar los puestos vilipendiados por personajes poco éticos.

Pero no es sólo el PP. En el pasado, el PSOE ha sido el partido que más ha practicado la corrupción organizada para permitir que sus altos cargos -y también cargos inferiores- se llenaran los bolsillos como fuera, dejando de paso alguna parte del pastel para el partido. No hace mucho se levantó algún ruido acerca de la trama inmobiliaria del PSOE en Ibiza, que según las informaciones publicadas en su momento contaba con el control directo del entonces secretario de organización del PSOE, Pepiño Blanco, hoy Ministro de Fomento.

Pero también existen otras corruptelas graves, como el caso Faisán del supuesto chivatazo de altos cargos a ETA para evitar la detención de miembros de la banda terrorista en vísperas de una redada, que parece implicar desde el director de Policía hasta el mismo Ministro del Interior Rubalcaba. Y así podríamos seguir enumerando casos que ensucian a la democracia y al estado de derecho.

Por eso, ha llegado la hora de cambiar el sistema electoral. A todas luces, el sistema de listas cerradas y la designación antidemocrática de los integrantes de las listas a dedo por las direcciones de los partidos (la única excepción es Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que decide los candidatos de las listas y su posición en las mismas mediante elecciones primarias entre sus afiliados) sólo sirve para incrementar el riesgo de estos entramados de correas manejadas por hombres en la sombra.

La reforma electoral es urgente. También tiene que incluir una ley que impida que políticos corrompidos se pasen al grupo mixto o a otros partidos cuando han sido elegidos por la lista de otro, ya que no se entiende que el acta de diputado o concejal pase a ser propiedad del elegido cuando éste sólo llegó a ser candidato por figurar en la lista electoral del partido al que han votado los ciudadanos, ya que no se vota a los candidatos individualmente, sino se vota a la lista de un partido.

Un sistema electoral más democrático supondría una mayor rotación de los políticos elegidos, evitaría la creación de redes de influencia y exigiría a todos los elegidos un esfuerzo para poder asegurarse su reelección, de modo que si un diputado o concejal no ha dado muestras de un trabajo intenso en el órgano parlamentario o de gobierno durante una legislatura, lo más probable será que no sea reelegido. Así se acabaría con el gran número de cargos políticos que se preocupan muy poco por su trabajo por tener la seguridad de poder volver a formar parte de las listas sin mayor esfuerzo mientras que mantengan buenas relaciones con los que deciden la composición de las listas.

Otro aspecto importante de la reforma electoral sería la adecuación de las circunscripciones electorales. Cada diputado debería representar aproximadamente al mismo número de ciudadanos y no a una provincia en abstracto. Las regiones con más densidad de población obtendrían así un mayor peso en las cámaras, sin que ello tenga que suponer una pérdida de influencia de regiones escasamente pobladas. Unido a este cambio se debería establecer que los diputados de cada circunscripción tengan que ofrecer a la población la posibilidad de un contacto directo para poder saber de cerca las preocupaciones de los ciudadanos. En muchas ocasiones ha quedado patente el desconocimiento absoluto que muchos gobernantes tienen de la realidad social y económica a pie de calle.

Quizás sería un punto interesante que la mitad de los diputados se elija por elección directa, como se practica en Alemania, donde existe un sistema mixto mayoritario (elección directa) y proporcional (listas) que al menos en un principìo servía para garantizar mayorías estables, pero con un sistema de ajuste en función de la proporcionalidad. El sistema británico, exclusivamente elección directa por el sistema mayoritario por circunscripciones, no es tan deseable, ya que fomenta un sistema de dos partidos grandes en detrimento de otras opciones.

Finalmente, las listas abiertas serían una solución ultrademocrática, pero plantea aún problemas a la hora del recuento, que se haría interminable. Pero se podría establecer un sistema electrónico de recuento, para mayor seguridad un sistema mixto entre papeletas de voto y lectura electrónica, lo que eliminaría la complejidad de contar los votos que ha recibido cada candidato. Este sistema implicaría una dedicación de todos los candidatos de una lista si quieren ser votados por los ciudadanos, y por otra parte no garantizaría en absoluto los puestos cómodos de algunos por los que ni siquiera tienen que luchar una vez colocados por la dirección del partido.

Otro punto a tener en cuenta es la limitación de mandatos. Se puede observar fácilmente que es a partir de los ocho años cuando se afianzan redes de influencia, de modo que cuanto más tiempo lleve un político en un mismo cargo público, más probabilidades hay de que establezca redes de corrupción si resulta que valora más los beneficios personales que el bien común. Por añadidura, cuanto más tiempo lleva un mismo equipo de políticos dirigiendo los destinos de un municipio, una autonomía o un país, menos ideas innovadoras tiene y menos dejan que otros ocupen sus puestos. Es triste y perjudicial que muchas veces los gobiernos no avanzan porque recurren constantemente a antiguos cargos públicos en lugar de dar paso a gente nueva con ideas diferentes.

En el mundo actual existen muchos sistemas electorales diferentes, lo que facilita buscar una combinación innovadora e introducirla a corto plazo. Ojalá los gobernantes actuales fueran conscientes de la necesidad urgente que existe para solucionar la situación de caos institucional provocada por los recientes casos de corrupción. Un sistema electoral con tantas disfunciones como el nuestro es un factor decisivo para el cansancio de los ciudadanos, que prefieren alejarse de la política y no interesarse por ella precisamente por su nula influencia a la hora de votar o designar los candidatos. La democracia depende mucho de la participación ciudadana, pero el sistema actual la hace imposible.


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