lunes, 22 de febrero de 2010

El filón de los cánones digitales y de los derechos de autor

España es un país en el que debe haber más personas por kilómetro cuadrado que quiere y hasta consigue vivir del cuento que en otros países. Esta es la conclusión a la que uno puede llegar analizando el intesno debate sobre las actuaciones de la SGAE, la Ley Sinde y los intentos de la anterior y de otras asociaciones de hacerse con un buen bocado de este pastel de los derecho de autor y servicios digitales que algunos creen suyo y solamente suyo, sin que gobierno ni parlamento se preocupen realmente por salvaguardar -ante todo- los derechos y las libertades de los ciudadanos gravemente amenazados por entidades como la SGAE que carecen a todas luces de la legimitimidad necesaria para imponer sus criterios.

El ejemplo más reciente del desbarajuste es la multa de 300.000 € impuesta al Ayuntamiento de Málaga por dar acceso inalámbrico a Internet a sus vecinos de forma gratuita. Para la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la llamada red Biznaga incumple la legislación. Según la CMT, el Ayuntamiento de Málaga ha incurrido en un falta muy grave, que lleva aparejada la multa más alta impuesta a un ayuntamiento por dar WiFi a sus ciudadanos.Al parecer, el ayuntamiento tenía que haberse dado de alta como operador de telecomunicaciones, pero ello implicaría el cobro de un precio a los usuarios, algo que no era la finalidad de esta red gratuita de Wi-Fi.

Sin embargo, esta posición de la CMT no es coherente. La CMT, que tiene abierto un proceso de consulta pública para estudiar cambios en la restrictiva legislación que prohíbe en la práctica a los ayuntamientos dar Internet gratis, sí ha autorizado en los últimos meses otras dos redes WiFi en ciudades importantes. Un caso particular es el de Barcelona. La CMT autorizó la gratuidad de su red pero con carácter temporal. En junio tendrá que cobrar o buscar que un tercero la financie. Ese fue el hábil movimiento de Avilés. La ciudad asturiana financia su WiFi gratis por medio de publicidad.

Esto demuestra una vez más que la legislación actual en materia de Internet es más que defectuosa y beneficia, en todo caso, a determinados sectores.

La actuación del gobierno en esta materia es bastante sectaria. Estos días se ha anunciado que España promoverá en las próximas semanas una tasa en el ámbito europeo que gravará a los grandes buscadores y redes sociales. La nueva tasa Google, reclamada este mismo mes por el presidente de Telefónica, César Alierta, busca recompensar a las empresas de telecomunicaciones por el uso que Google, Yahoo, Microsoft y otras grandes empresas que ganan dinero en Internet hacen de sus infraestructuras.

Es otro ejemplo de la improvisación y de la carencia de criterios de equidad del gobierno, que sólo busca el gravamen y no la protección de los derechos de todos los ciudadanos.

"Es una opción que tenemos que estudiar", manifestó el ministro bombilla Miguel Sebastián en Bruselas, porque "esos ingresos adicionales que podrían recibir los operadores serían útiles, beneficiosos, trasladables a los usuarios".

La tesis del ministro de Industria se basa en el lamento de empresas como Telefónica o Vodafone, que critican que los motores de búsqueda, redes sociales y proveedores de servicios gratuitos basados en la publicidad saquen, según las operadoras, un gran partido económico a la inversión que ellas hacen en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura. Es decir, sostiene que Google, Microsoft o Facebook multiplican sus beneficios gracias al uso de la capacidad de Internet que construyeron otros. Pero la realidad es muy diferente: Especialmente en los núcleos urbanos de menor tamaño las infraestructuras de telecomunicaciones apenas han mejorado en los últimos veinte años, donde los servicios actuales se prestan sobre un cableado anticuado e insuficiente, con una velocidad muy inferior a la necesaria y servicios de valor añadido como televisión por cable completamente inexistentes.

Google respondió a las palabras de Miguel Qué diciendo: "Estamos dispuestos a discutir el gran valor de Internet para la economía y la sociedad española." Esta valoración deja entrever la postura de la compañía: una tasa de ese tipo frenaría el crecimiento de Internet.

Por su parte, Christian Engström, eurodiputado del Partido Pirata sueco, opina que la propuesta "penaliza el éxito" de las empresas de Internet que lograron un gran desarrollo sólo después de poner en práctica un sentido de la innovación que sólo contaba con la gratuidad y la universalidad de la Red como aliadas. Además, aducir que los buscadores y las redes sociales tienen ingentes beneficios por contar con millones de clientes es inexacto, ya que la mayor parte de sus clientes son usuarios que no pagan nada por usar sus servicios, que se tienen que financiar con la publicidad que genera el servicio.

Con relación a las pretensiones de Telefónica, las asociaciones españolas de usuarios e internautas se han mostrado poco convencidas de los beneficios para los consumidores que Sebastián asegura defender. La red debe ser "asequible, accesible y universal", asegura Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, para quien "una tasa en esa dirección acabaría con la neutralidad de la Red". Según estas asociaciones, tras acciones como esta se encuentra la intención de discriminar a los diferentes servicios de Internet en función de la rentabilidad para los proveedores de acceso a Internet (ISP), que podrían ofrecer servicios premium o de pago adicional al internauta para permitirle utilizar programas o aplicaciones que ahora gozan de un acceso universal. "No queremos que las operadoras elijan las diferentes variedades de un mismo tipo de producto", advirtió en Barcelona Eric Schmidt, consejero delegado de Google.

Sebastián, igual que todo el gobierno socialista, busca en primer lugar beneficiar a determinados grupos o sectores, no proteger los intereses de los consumidores. El gobierno socialista intenta limitar cada vez más las libertades individuales. En lugar de pedir a Bruselas que establezca un canon tras otro para sacar tajada del negocio de Internet y tener un nuevo instrumento de control e intervención, lo que haría falta es elaborar una legislacióin europea que garantice en primer lugar las libertades individuales, que limite el poder de intervención del estado y, en especial, de entidades privadas como la SGAE para limitar cada vez más la libertad de los ciudadanos y enriquecerse sin control alguno sobre el destino de los fondos recaudados, y que en última instancia regule de forma equitativa la protección de derechos de autor y la financiación de los servicios de telecomunicaciones con mecanismos de control y reparto y con máximas garantías para una alta calidad de servicio mediante la imposición a las compañías beneficiarias de invertir en la renovación y mejora de la red. Ocuparse sólo se los síntomas no es resolver los problemas. Pero como siempre se actúa de forma precipitada, sin criterio y en perjuicio de los ciudadanos en su conjunto y en beneficio de unos pocos.

Noticias de la Asociación de Internautas:

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