domingo, 16 de enero de 2011

La desvirtuación de las cajas de ahorros y la mala gestión

Monte de Piedad de Alfonso XIII de Santander
La megainyección de capital público en las cajas que prepara el Gobierno, de la que informó esta semana El Confidencial, no cuenta con el apoyo del Banco de España, como han confirmado ya distintas fuentes bien informadas. La razón es que esta medida deja en evidencia la política del supervisor desde el comienzo de la crisis. Además, esta recapitalización puede provocar un verdadero terremoto político, porque el Estado tomará el control de muchas entidades en detrimento de las comunidades autónomas.

Durante los últimos años, especialmente desde que se han ido fusionando las antiguas cajas de ahorros que estaban limitadas a sus provincias, han sufrido una desvirtuación de su finalidad: la de fomentar el ahorro entre la población y de facilitar la financiación y las operaciones bancarias a las pequeñas y medianas empresas, a profesionales autónomos y a agricultores. Además, en el pasado gestionaban los montes de piedad, casas de préstamos para la población más humilde, lo que hoy se englobaría en el concepto de los microcréditos.

Lo que más ha caracterizado a las cajas de ahorros ha sido su origen como entidades de utilidad pública que invertían -y aún invierten- parte de sus beneficios en obras sociales de diversa índole.

Causa de la desvirtuación ha sido, sin embargo, el sistema de gestión de las cajas de ahorros. Como entidades de titularidad pública constituyen al menos desde los años ochenta un objeto muy ansiado de los políticos de turno que ocupan cargos relevantes en función de quien gobierna en cada momento. Así se han convertido con el tiempo en instrumentos de poder político para financiar proyectos que poco o nada tienen que ver con la finalidad orginaria de las cajas. 

Aunque la fusión de las antiguas cajas provinciales y municipales puede considerarse útil con vistas a una mayor eficiencia de sus servicios, una mayor disponibilidad de los mismos en áreas territoriales más grandes y de responder a las necesidades de la movilidad y el tráfico de pagos, la creación de macrocajas ha facilitado también un alejamiento de los ciudadanos para convertir a estas entidades en bancos comerciales corrientes con las mismas desventajas de éstas.

La Caja de Castilla La Mancha (CCM) gestionada durante décadas por dirigentes del PSOE es un buen ejemplo de este desaguisado que se ha producido a raíz de la intervención de los políticos en la gestión y el uso de los recursos de las cajas para fines políticos y no sociales. La ruina de la CCM viene, entre otras causas, del exceso de créditos hipotecarios y proyectos desmesurados y nada rentables como el Aeropuerto de Ciudad Real, sobredimensionado y mal acabado y peor planificado. Parece evidente que en la CCM no se han respetado las reglas básicas de una buena relación entre el coeficiente de caja y los créditos concedidos, y tampoco se han tenido en cuenta los efectos de la crisis económica, tanto tiempo negada por el PSOE, que ha supuesto la reducción del retorno de los créditos para poder mantener la solvencia de la entidad.

Otro ejemplo puede ser la Caja de Ahorros de Cataluña, ahora CatalunyaCaixa tras la fusión con las cajas de Tarragona y Manresa, dirigida por otro socialista, el ex ministro de defensa Narcís Serra, que intenta recuperar liquidez friendo a sus clientes con comisiones y vendiéndoles seguros de vida.

Lo que ahora parece haberse descubierto como la panacea de todos los males de las cajas son más macrofusiones de las mismas y la inyección de capital para salvar la liquidez de las entidades de ahorro. Pero con una condición: que el poder pase al gobierno central. 

El gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, vería con buenos ojos esta pérdida de poder de los políticos regionales -algo que intentaba la reforma de la LORCA del año pasado, pero que no ha conseguido-,  pero no comparte la necesidad de una recapitalización masiva del sector. La postura que ha mantenido hasta ahora es que las inyecciones concedidas por el FROB son suficientes y que la reestructuración de las cajas está prácticamente cerrada (quedan operaciones que no necesitarían fondos públicos, como la de Ibercaja-Unicaja o la de las cajas vascas).

La LORCA (Ley Orgánica de reforma de las Cajas de Ahorros) también supone la pérdida del craácter originario de las cajas para convertirlas en bancos. Lo que olvida el ejecutivo, tan dado a crear derechos sociales, es la función social que deben cumplir las cajas, y precisamente hoy en día sería deseable fomentar tal política de ahorro y de cercanía al ciudadano.

Para el supervisor del Banco de España hay que acelerar la integración, que los SIP deben comportarse como una sola entidad y presentarse ante el mercado como bancos, y que hay que acometer los cierres de oficinas y las reducciones de plantilla cuanto antes. Y, sobre todo, que hay que hacer un esfuerzo enorme de comunicación para mejorar la imagen del sector. Así lo aseguró recientemente el subgobernador Javier Aríztegui.

Pero, a partir de ahora, las fuentes consultadas señalan que las inyecciones masivas que prepara el Gobierno van a adoptar la forma de capital puro, es decir, cuotas participativas o acciones en aquellos SIP y fusiones que se conviertan en bancos. Eso significa que el Estado renunciará a ganar dinero con los intereses a cambio de hacerse con los derechos políticos derivados de ese capital.

Como estamos hablando de unas inyecciones de un mínimo de 30.000 millones -y que pueden llegar a 80.000 millones-, esos derechos políticos serán mayoritarios en numerosas entidades, especialmente las que tienen un mayor déficit de capital y las que tienen mayores activos problemáticos. Un concepto que incluye morosidad, créditos calificados como subestándar (no han entrado en mora pero probablemente lo harán) y activos inmobiliarios adjudicados, y que el Banco de España ha cifrado en 181.00 millones para el conjunto del sector.

Y si el Estado asume la mayoría de los derechos políticos, los perderán las comunidades autónomas, que han sido las dueñas y señoras de la mayoría de las cajas de ahorros en las últimas décadas. Los ayuntamientos y diputaciones también perderán todo su poder. Una auténtica revolución porque supone una nacionalización de facto de las entidades que puede provocar un enfrentamiento frontal del Gobierno de Zapatero con los barones regionales de su propio partido, del PP y de las formaciones nacionalistas.

Lo que no cambia en realidad es que las cajas convertidas en bancos seguirán bajo la batuta de los políticos, lo que hace prever que seguirán siendo utilizadas como instrumentos para la financiación de actuaciones de carácter pòlítico. Tal vez sería mejor volver a los orígenes y dejar la gestión de las entidades en manos de expertos. Los políticos en todo caso deberían limitar su participación a la supervisión y facilitar la transparencia de  la gestión y de los resultados de las cajas. El problema de las cajas no es tanto tu tamaño, sino más bien su alejamiento del ciudadano y de sus fines que justificaban su creación a mediados y a finales del siglo XIX.

 

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